Las estadísticas del 2024 son reveladoras: el 73% de las altas jubilatorias (313.950 casos) se otorgó bajo este régimen, mientras que solo el 27% correspondió a beneficiarios con la totalidad de aportes reglamentarios (113.555 casos).

No obstante, la moratoria representó una solución transitoria a una problemática estructural: el requisito legal de 30 años de aportes resulta difícil de alcanzar en un mercado laboral donde poco más de un cuarto de los trabajadores logra cumplir con esta exigencia al momento de alcanzar la edad jubilatoria.

Este escenario plantea la necesidad de revisar las políticas previsionales vigentes y desarrollar soluciones más sostenibles que contemplen la realidad del mercado laboral actual.

La expansión del sistema previsional mediante moratorias generó un significativo impacto fiscal. En 2017, el gasto previsional alcanzó el 9,5% del Producto Bruto Interno (PBI), una cifra considerablemente superior al rango del 4-6% que correspondería según la estructura demográfica argentina. Al no ser financiable, se recurrió a modificar la fórmula de movilidad jubilatoria en tres ocasiones (2017, 2019, 2024). Estas modificaciones permitieron que la alta inflación licuara el valor real de las jubilaciones, acumulando una pérdida del 40% entre 2017 y 2024.

Como resultado, el gasto previsional tendió a converger hacia los niveles internacionales adecuados para la demografía argentina, pero a costa de una drástica caída en el poder adquisitivo de los jubilados (Gráfico 3).

El próximo 9 de abril, el Congreso Nacional debatirá sobre el futuro del sistema previsional argentino, centrándose en alternativas para aquellos ciudadanos que quedarían excluidos del sistema jubilatorio.

En este contexto, diversos sectores de la oposición probablemente insistirán en la renovación de la moratoria, continuando una práctica que se ha extendido por casi dos décadas. Sin embargo, esta alternativa implica seguir profundizando la crisis financiera y las inequidades sistémicas existentes. Además, en un contexto de estabilidad monetaria, ya no sería viable el ajuste mediante licuación de haberes.

Por otra parte, permitir el vencimiento de la moratoria sin implementar medidas alternativas tampoco constituye una solución viable. Esta inacción legislativa resultaría en la exclusión de un segmento significativo de la población, generando un problema de desprotección social que fortalecería los argumentos a favor de una nueva moratoria.

Frente a este escenario, emerge como alternativa más razonable la implementación de una reforma integral del sistema previsional. Esta transformación debería incluir un fortalecimiento de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), garantizando protección a aquellos que llegan a la edad jubilatoria con aportes insuficientes.

Empezar a mover las fichas en el tema previsional es una contribución esencial, tanto para mejorar la calidad del ajuste fiscal, como para el éxito del programa económico, incluyendo la nueva política cambiaria.

Columnista Invitada - Laura Caullo
Investigadora responsable Área de Empleo y Política Social