"Hacen falta nuevas ideas"

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En un informe especial, la consultora Econométrica S.A. describió el contexto general de la situación macroeconómica del país. El informe lleva la firma de Roberto Salomón. Plantear nuevas ideas puede ser el desafío para resolver los conflictos que arrastra, desde años, la Argentina. 

 

Por Roberto Salomón

Un par de años atrás (Econométrica, enero 20 y Julio 10 de 2015) se discutió el creciente problema que enfrenta el sistema previsional argentino como consecuencia del despilfarro de sus recursos por sucesivos gobiernos, agravado por la incorporación al sistema de dos millones de beneficiarios que no habían efectuado aportes suficientes para calificar como tales.

Tal acción, justificable en términos de proteger a personas necesitadas, se llevó a cabo sin verificar que esos beneficiarios carecieran de recursos suficientes. Tampoco se arbitraron los medios financieros para solventar ese significativo incremento en el número de beneficiarios.

En consecuencia, mientras entre 2010 y 2015 las prestaciones se incrementaron un 500% en pesos corrientes, las contribuciones crecieron solo un 415%, de modo que el porcentaje de beneficios financiados con rentas generales paso del 5.7 al 21.7%, o 1.4% del PBI. Esta situación tenderá a agravarse cuando se regularicen las prestaciones en cumplimiento del fallo judicial y cuando el elevado porcentaje de trabajadores en condiciones irregulares, que hoy no efectúan aportes, llegue a situación de retiro y necesiten asistencia del resto de la sociedad a través del Estado.

Desafortunadamente, nada se ha hecho en esos dos años para desactivar esa bomba de tiempo o al menos detener su crecimiento. Y una vez más aparecen las consabidas propuestas de supuestas soluciones que hacen recaer el ajuste sobre los trabajadores, sobre todo los de menos ingresos, como la privatización del sistema o el aumento de la edad jubilatoria, aduciendo que debido al aumento de las expectativas de vida los sistemas de todo el mundo, incluyendo el argentino, corren el riesgo de colapso.

Aunque esas propuestas fueron discutidas en el trabajo antes mencionado, ante la insistencia con esas posibles soluciones parece necesario repetir esos comentarios aquí y enfatizar que no solo no aseguran la sustentabilidad del sistema, sino que además hacen recaer los errores del pasado en los trabajadores actuales y futuros, acertadamente calificado como transferencia intergeneracional.

Quizás la más popular de las supuestas soluciones en el ámbito del pensamiento basado en el libre mercado es la privatización, imitando el ejemplo de Chile, entre otros países, pese a su fracaso en el lamentable experimento de las AFJP en nuestro país.

Al margen de los problemas que la mala implementación produjo, la privatización produce importantes efectos negativos. En primer lugar, el sistema privado es probadamente discriminatorio, afectando seriamente a los trabajadores de más bajos ingresos. En efecto, una comparación con la comisión que aplican los bancos a una cuenta común sugiere que el cargo básico normal de un administrador privado puede estimarse entre unos $150 a $ 200 por mes, más un porcentaje sobre los fondos administrados, lo que para un trabajador que aporta $3000 o $4000 mensuales, incluyendo el aporte patronal, excede cualquier expectativa razonable de rendimiento. Además, la experiencia indica que las administradoras dedican todos sus esfuerzos de "marketing" a los segmentos de mayor poder adquisitivo, dejando el segmento más bajo para las administradoras de menor nivel, con asesores de inversión menos calificados y no siempre con los controles y normas internas más adecuadas.

Otro aspecto negativo del sistema privado es que destruye totalmente el concepto de Seguridad Social, transformándose en un mecanismo de ahorro privado que deja al trabajador sujeto a los avatares del mercado. Así, un individuo que tiene la mala fortuna de alcanzar la edad de retiro en momentos de mercados en baja, se encuentra con sus ahorros seriamente disminuidos y quizá necesitando el auxilio del Estado. Y peor aún, cuando la situación financiera se torna difícil el trabajador activo de bajos ingresos se ve en la casi obligación de suspender sus aportes, aumentando su vulnerabilidad. El sistema público, en cambio, crea un "pool" de inversiones que suaviza las consecuencias de la volatilidad de los mercados.

La propuesta de aumentar la edad jubilatoria significa reducir el periodo en que un trabajador puede disfrutar del merecido retiro cuando aún goza de salud y energía. Por ejemplo, aumentar la edad de retiro a los 69 años, como algunos proponen, significa que una persona aporta por 49 años (edades 20 a 69) para disfrutar de 16 o en el mejor de los casos 21 años de beneficios si sobrevive hasta los 90. Al mismo tiempo, crea un serio problema de empleo para una persona que necesite trabajar en el ocaso de su vida, circunstancia aún más aguda en una era de tecnología tan cambiante. Si bien el aumento de la edad jubilatoria mejoraría los flujos de fondos del sistema, no existe ninguna evidencia de que resuelva el problema acumulado en tantos años.

En cambio, además de las señaladas limitaciones, ambas propuestas no atacan el problema del déficit acumulado en tantos años. Como se reconoció en los citados trabajos del año 2015, la magnitud de ese problema es monumental y requiere un gran esfuerzo durante muchos años, que solo puede enfrentarse con una política de Estado, acordado por todas las fuerzas políticas y económicas, y sostenido a través del tiempo. Y es este aspecto donde se requieren ideas creativas para iniciar el proceso antes de que la situación siga agravándose hasta tornarse inmanejable.  

Sin embargo, vale la pena señalar que si fuera posible resolver los problemas generados en décadas de mal manejo, la estructura actual sería más que adecuada para un sistema auto sostenible, sin necesidad de penalizar a la actual generación por los problemas creados en el pasado. Los cálculos presentados a continuación apoyan esa afirmación:

Se toma como ejemplo un trabajador con un sueldo de $15.000 por mes y aportes de $3.900 (26%), y para simplificar el análisis se supone que su sueldo en términos reales no varía a lo largo de los 45 años de actividad, entre los 20 y los 65 años de edad.

Invirtiendo los aportes en activos que simplemente mantengan su valor en términos reales, es decir rendimiento 0 ajustado por inflación, el monto acumulado al cabo de 45 años es de $2.106.000. Ese importe permitiría financiar beneficios de $17.550 por 10 años (edad 75), $11.700 por 15 años (edad 80), o $8.775 por 20 años (edad 85). Es decir 117%, 75%, y 58,5% del sueldo en actividad. Si fuera posible obtener un rendimiento del 1% real en los fondos invertidos, el beneficio financiado por 20 años ascendería al 81.5% del sueldo, permitiendo el sueño del 82% móvil. El cuadro siguiente presenta una visión completa de los posibles resultados en varios escenarios.

Puede resultar optimista el supuesto de rendimientos positivos o neutro en términos reales, pero por ejemplo resucitando la idea de las cedulas hipotecarias, exitosas décadas atrás, se crearían oportunidades de inversión rentable, y al mismo tiempo se generarían fondos para el financiamiento de viviendas a largo plazo. Tal propuesta no implica crear una estructura burocrática ni abrir la puerta a posible corrupción y/o influencias políticas. Adjudicando por licitación a dos o tres entidades financieras prestigiosas e imponiéndoles estrictas reglas de limitación de riesgo, como porcentaje máximo a financiar tanto en relación con el valor de los inmuebles como al ingreso familiar de los solicitantes, se podrían neutralizar esos potenciales problemas.

Es claro que ese mundo ideal requeriría resolver el problema de la insuficiencia de fondos que hoy enfrenta el sistema y que constituye un verdadero “agujero negro” que se agranda con el correr del tiempo. 

Como puntapié inicial del debate sobre posibles acciones, se propone a continuación una idea con el objeto de generar una discusión y estimular otras propuestas. Se podría crear un sistema voluntario donde se permitiera a personas con altos ingresos que aceptaran renunciar a posibles futuros beneficios jubilatorios, ingresar en un sistema de fondos privados de inversión para su futuro retiro con ganancias exentas de impuestos, en un mecanismo similar al de los IRA’s o los 401-K’s de los Estados Unidos. Podría establecerse una relación de, por ejemplo, 2 pesos de exención por cada peso de aporte al Sistema Nacional. Y esos aportes se dedicarían en su totalidad a cubrir parcialmente el déficit del sistema por cuanto no darían lugar a obligaciones futuras. Al ser un sistema voluntario, no podría ser acusado de discriminatorio ante la justicia.

Sin duda, la idea precedente solo reduciría algo la magnitud del problema, pero estaría lejos de tapar el agujero negro, cosa que requeriría un serio compromiso de todos los sectores políticos y económicos del país. Sin embargo, los beneficios justificarían y recompensarían tal esfuerzo. Así, un sistema autofinanciado permitiría, no solo asegurar la sustentabilidad del sistema y asegurar los beneficios de una jubilación decente sino, por ejemplo, bajar las contribuciones al 24% del salario, creando un no despreciable incentivo al empleo dentro del sistema. Aportes de esa magnitud, invertidos al 1% real, permitirían financiar beneficios del 98% del salario de cada trabajador por 15 años, o un 75% por 20 años.

 

Fuente: Informe Especial de Econométrica S.A.

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